DESTACADOS DE LA SEMANA

Esta primera semana del año el Gobierno ha debido trabajar en la desactivación de múltiples frentes. A las pensiones de gracia de indultados, la accidentada tramitación de la reforma de pensiones, cuestionamientos de Contraloría a la rendición de fondos públicos por parte de la organización de Santiago 2023, se sumó la amenaza por la acusación constitucional al ministro de Vivienda, Carlos Montes, por el caso convenios. La acusación fue rechazada ayer jueves y con una significancia política relevante: una nueva derrota y falta de organización de la oposición post plebiscito.  

En lo relativo a la seguridad, la crisis continua. Pero ahora con un nuevo elemento dado por la inminente formalización del General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por hechos relacionados al estallido social mientras se desempeñaba como jefe de seguridad pública. La situación llega en un momento complejo, ya que el Gobierno necesita activar y potenciar positivamente los temas de seguridad y, por tanto, fortalecer la institución de Carabineros. Además, representa una cierta incomodidad, ya que se trata de una autoridad con la que La Moneda había llegado a buenos entendimientos y, con este antecedente, su permanencia en el cargo parece muy compleja.

Por último, los encuentros en la casa de Pablo Zalaquett de distintos grupos de interés con diferentes ministros de estado ha levantado importantes suspicacias. La actividad parece inaceptable no solo porque existe una regulación específica que impide este tipo de encuentros informales, sino que, además, vuelve aponer en tela de juicio temas de transparencia y probidad, en tiempos que se necesita más que nunca sostener la fe pública en la actividad política.

M. Carolina Zúñiga

Directora de Comunicaciones b2o

AGENDA POLÍTICA

INMENENTE FORMALIZACIÓN DE GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS DIVIDE AL OFICIALISMO Y COMPLICA AL GOBIERNO

·       Como una “situación compleja y delicada”. Así definen en el oficialismo lo que está aconteciendo con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien sería formalizado de manera presencial, a las 9:00 horas del próximo 7 de mayo, junto a los generales (r) Mario Rozas y Diego Olate, en el Centro de Justicia, en el marco de eventuales responsabilidades de mando en violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido iniciado en octubre de 2019.

·       Según fuentes de La Moneda, la noticia sorprendió a las autoridades, ya que ocurre justo en un momento complejo para el Ejecutivo, en el que enfrenta una grave crisis de seguridad, y que, por lo mismo, ha buscado dar señales de respaldo a Carabineros y a su general director.

·        Con todo, la crisis de seguridad es una de las que más complica a los partidos de Gobierno, sobre todo porque las disímiles visiones del Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad refuerzan la tesis de las dos almas del gobierno. Y esta no ha sido la excepción. El PC ha tomado una postura más dura contra Carabineros. “Nadie está por sobre la ley, por eso respaldo actual de la fiscalía (...) La justicia debe investigar responsabilidades en graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el estallido social”, dijo el senador PC, Daniel Núñez. Sin embargo, el tono con que se ha abordado esta materia en el Socialismo Democrático es distinto. El presidente de la comisión de Constitución, el socialista Raúl Leiva, dijo que es una situación delicada y técnicamente muy compleja desde el punto de vista jurisdiccional. “Desconocemos los antecedentes de la carpeta investigativa y solo vamos a conocer los hechos de carácter de delito que se le imputan en la audiencia de formalización”, aseguró.

·       Toda esta situación se da en medio de complicaciones del Ejecutivo por la crisis de seguridad. Según El Mercurio y a partir de los casos reportados por la Fiscalía, Carabineros y la PDI, desde el 23 de diciembre y el 2 de enero, se contabilizaron al menos 33 homicidios a nivel nacional, de los cuales 22 corresponde a la Región Metropolitana y 11 al resto del país, como Arica, Antofagasta, Atacama, Maule, Valparaíso y Los Lagos. Esta cifra se equipara a la de accidentes automovilísticos, que es la principal causa de muerte en esas fechas.

·       Además, el Ejecutivo ha debido enfrentar críticas por las pensiones de gracias entregadas a personas con antecedentes penales. Hasta el momento hay seis personas que fueron condenadas por delitos en el estallido social que recibieron el beneficios. Entre los delitos está agredir a policías y saquear supermercados. El Gobierno presentará este viernes indicaciones para poder revocar estos beneficios.  

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FRACASA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA MINISTRO DE VIVIENDA

·       La sala de la Cámara finalmente desestimó la acusación constitucional presentada por la oposición para intentar destituir al ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), la que buscaba hacer valer su eventual responsabilidad política en el caso Convenios que estalló en el oficialismo en ese ministerio.

·       La acusación la impulsó inicialmente el Partido Social Cristiano y el Republicano, a la que se sumó posteriormente el resto de la oposición. Si bien se esperaba reunir más apoyo. Con todo, a pesar de los ruidos, la solicitud del ministro para desechar el libelo por razones de forma fue apoyada por 79 votos, 61 en contra y una abstención.

·       La defensa del exsenador PS puso el foco también en lo que se consideraron como 'desprolijidades' de forma detectadas en el libelo, en que se podían leer referencias jurídicas mal atribuidas o normas que no correspondían, según se expresó.

·       Sobre ese aspecto, una de las parlamentarias promotoras de la acusación, Sara Concha, del Partido Social Cristiano, respondió que lamentaba que “todo el argumento de la defensa esté enfocado en la forma y no en el fondo del tema tan grave que ahora estamos viendo. Hay un tema de responsabilidades políticas que lamento el ministro no las haya asumido. Ahora, respecto de los errores de redacción, recordemos que nosotros presentamos una redacción del texto que ya teníamos listo para que se incorporarán más elementos por parte del Partido Republicano que yo lamento que a lo mejor en la rapidez se cometieran errores de redacción, y que fuera en definitiva que la defensa del ministro se enfocara en eso y no en el problema de fondo que estamos enfrentando en el tema de la acusación. No tengo problema en reconocer errores, pero dimos el tiempo necesario para que más colegas nuestros se pudieran incorporar a esta acusación”.

·       Ante esto, la oposición enfrenta recriminaciones cruzadas internas por cinco acusaciones constitucionales fallidas en lo que va de Gobierno.

REUNIÓN DE MINISTROS CON EMPRESAS EN CASA DE ZALAQUETT GENERA CRÍTICAS

·       El viernes pasado, el medio Ciper reveló que la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y el ministro de Economía, Nicolás Grau, asistieron, a finales de noviembre, a una reunión privada en la casa de Pablo Zalaquett, exalcalde de La Florida, quien aparece inscrito en el portal de Transparencia como lobbista. Estuvieron, además, acompañados por empresarios de la salmonicultura.

·       Debido a que la reunión no fue registrada en Info Lobby, diputados de RN enviaron un oficio a Contraloría solicitando que se “evalúe el inicio del procedimiento sancionatorio” en contra de los ministros por posibles incumplimientos a la Ley 20.730.

·       Los cuestionamientos llegaron al comité político. Así, el momento más tenso del comité político del martes lo protagonizó el diputado Jaime Mulet (Regionalista Verde), quien hizo saber al gobierno y los presidentes de los partidos oficialistas que considera “grave” la reunión que sostuvieron los ministros Maisa Rojas (Medioambiente) y Nicolás Grau (Economía) en la casa del exalcalde Pablo Zalaquett.

·       Más tarde, además, se dio a conocer que otros ministros también han participado en encuentros de este tipo. Estos son los ministros de Interior, Carolina Tohá; Economía, Nicolás Grau; Medioambiente, Maisa Rojas; Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; Trabajo, Jeannette Jara; y Agricultura, Esteban Valenzuela.

·       El Presidente Gabriel Boric dijo que “no ha existido ningún incumplimiento de la ley”. Mientras que el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, también defendió las instancias como momentos para “generar confianza”. Pablo Zalaquett explicó que los encuentros tienen como objetivo “generar confianza” y ampliar los puntos de encuentro para “establecer lazos de comprensión mutua.

AGENDA ECONÓMICA

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IMACEC: ACTIVIDAD ECONÓMICA SUBE EN NOVIEMBRE, PERO 2023 CERRARÍA CON UN CRECIMIENTO CASI NULO

·       La economía creció 1,2% interanual en noviembre, una cifra dentro de lo esperado y que estuvo impulsada por la minería, manufacturas y servicios. El resultado confirmaría una incipiente recuperación de la actividad, pero que sería insuficiente para evitar un cierre prácticamente plano en 2023.

·       Desde el Gobierno valoraron la expansión de 1,2% en noviembre. A juicio del ministro de Hacienda, Mario Marcel, este indicador muestra que la economía puede iniciar 2024 con un tono muy positivo, lo que debería reflejarse trimestre a trimestre.
'Creo que ingresamos a 2024 con el pie derecho', comentó. Habló de los esfuerzos del Gobierno y de la política monetaria, así como de la capacidad de la economía para sobreponerse a coyunturas difíciles; aunque remarcó que todavía hay muchos problemas que resolver.

·       Con estos resultados, Marcel cree que el cierre de 2023 será con una cifra positiva. 'Habremos superado el fantasma de la recesión durante el año pasado y constatado que en 2023 logramos reducir drásticamente la inflación, reducir los desequilibrios externos para la economía chilena, sin necesidad de llevarla a una recesión', indicó.
Esa cifra 'azul' podría ser de algunas décimas sobre cero en el mejor de los casos, prevén los analistas.

PENSIONES: SE INICIA VOTACIÓN EN PARTICULAR, PERO EL PROYECTO TODAVÍA NO GENERA CONSENSO POLÍTICO

·       Solo horas después de agregar suma urgencia al proyecto de ley de reforma de pensiones, la comisión de Trabajo de la Cámara dio curso a la votación en particular. Solo con respaldo oficialista (ya que los diputados de Chile Vamos se restaron de la sesión) se avanzó en la actualización del DL 3.500, la licitación de cartera, fondos generacionales y reorganización industrial.

·       Pese al inicio de la votación, el proyecto todavía no genera consenso político. En Chile Vamos no hay respaldo a destinar parte de la cotización adicional de 6% que establece el proyecto a un fondo común, pero en las 'fuerzas intermedias' del Congreso tampoco están conformes con la fórmula que propone el Gobierno. En la Democracia Cristiana, Demócratas, el PDG y los exintegrantes de este partido creen que el Ejecutivo debe ceder a un esquema más equilibrado, o arriesga no contar con los votos suficientes para avanzar hacia el Senado.

·       Al interior de los mismos partidos 'no alineados', hay al menos dos propuestas circulando. Una de ellas la transparentó ayer el diputado Undurraga, que anunció la presentación de una indicación al proyecto de ley para distribuir el 6% de forma distinta a la del Gobierno, que plantea destinar 3% al denominado seguro social, 2% al ahorro individual y 1% a la formalidad laboral en mujeres. La enmienda liderada por la DC, con el respaldo de Demócratas, el PDG y exintegrantes de esta tienda, propone una distribución equilibrada: 3% a cuentas personales y 3% al seguro social, en los mismos términos que plantea el proyecto actual. Así, vuelve sobre la base del acuerdo preliminar que permitió, en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, un acuerdo en la Cámara.

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COMISIÓN DE SALUD DEL SENADO RETOMA DISCUSIÓN DE LA LEY CORTA DE ISAPRES

·       La Comisión de Salud del Senado retomó esta semana la discusión de la ley corta de isapres. Si bien ya se aprobaron medidas de emergencia, que implican adelantar el Icsa para abril, las isapres han reiterado que esto cubre solo una cuarta parte de la caída de los ingresos. “¿Cómo vamos a tener que adivinar poco menos la cifra final de pago si no tenemos certezas?”, reclamó el senador Juan Luis Castro (PS), presidente de la comisión. Pese a la urgencia, en la sesión del martes aún no se vieron consensos sobre el artículo que definirá el monto y método con que las aseguradoras deberán pagar su deuda. Según el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, “este artículo es el que permite o no la continuidad de la industria”. Desde que el Gobierno ingresó sus indicaciones, este es uno de los puntos que más polémica ha causado. El comité técnico que asesoró al Senado sugirió calcular la deuda utilizando el principio de mutualización -mediante el cual los afiliados de una cartera comparten los riesgos-, lo que arrojaba pasivos por US$ 451 millones. Pero el Ejecutivo desechó esta opción, lo que eleva la deuda a unos US$ 1.000 millones. Y Arriagada sostuvo que esta cifra puede seguir subiendo. Las isapres también deberían presentar una propuesta para hacer un reajuste único que les permita reestablecer el “equilibrio financiero”, esto es, que los ingresos puedan cubrir las prestaciones y licencias médicas de los usuarios.

·       En la sesión de la instancia el miércoles, se decidió postergar por segunda vez (para el martes próximo) la continuidad de la votación del articulado en particular. Así, el Gobierno tendrá tiempo para presentar a los legisladores tanto las cifras del proyecto y su impacto, como las enmiendas a las indicaciones de la ley corta. Se estima que entre los aspectos que el Ejecutivo podría recoger están incorporar algún mecanismo de cálculo de la deuda como el de mutualización, además de eliminar aquellos puntos que ya se adelantaron, como el Icsa. El director de Fonasa, Camilo Cid, dijo que en los temas de su servicio también habría nuevas indicaciones.

·       En tanto, la Superintendencia de Salud comenzó a emitir las sentencias por devoluciones respecto a reclamos por alzas de precios GES, instruyendo el método de devoluciones que las isapres deben realizar a los afiliados. Las sentencias instruyen devoluciones para los afiliados que habían reclamado en contra de las isapres. Los fallos señalan que cada isapre en cuestión "deberá reliquidar las diferencias de cotizaciones que se hubieren producido, generando la devolución respectiva, si procediere, desde que la sentencia de la Excma. Corte Suprema quedó firme y ejecutoriada", esto es, en agosto de 2023. Asimismo, la sentencia agrega que el pago se deberá hacer considerando la variación que ha experimentado el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El monto de las devoluciones se calcula entre $10 mil millones y $12 mil millones.

CARTA DE BANMÉDICA Y VIDA TRES: “ES RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO EVITAR UN COLAPSO DEL SISTEMA SANITARIO”

·       Esta mañana se informó por diversos medios que el gerente general de isapres Banmédica y Vida Tres, Aldo Gaggero, envió ayer una carta al ministro de Hacienda, Mario Marcel; a la ministra de Salud, Ximena Aguilera; y a los senadores de las comisiones de Hacienda y Salud, manifestando su visión sobre la ley corta de isapres que se está tramitando actualmente en el Senado.

·       Ahí señala que “la Ley Corta, en su estado actual, requiere cambios que permitan evitar que la implementación de los fallos de la Corte Suprema genere una crisis sistémica. El futuro del sistema de salud está hoy en manos del Poder Ejecutivo. Es responsabilidad del gobierno evitar un colapso del sistema sanitario”. Agrega que valoran “enormemente los consensos alcanzados unánimemente por los expertos en la Comisión convocada por la Comisión de Salud del Senado, que entregó su informe en octubre de 2023; y es precisamente en esos consensos donde están las fórmulas que deben considerarse para lograr la correcta implementación de los fallos de la Corte Suprema, evitando una crisis sistémica”.

·       Por otro lado, comentó que “adicional al reajuste extraordinario al precio base de los planes que actualmente contempla la Ley Corta, se sugiere reconsiderar la aplicación de un reajuste extraordinario a la prima GES, de tal modo de contemplar lo señalado por la misma Corte Suprema en el fallo, respecto a que la prima del Estudio de Verificación de Costos no considera todos los costos que implica para las Isapres el cumplimiento de las garantías GES”.

·       El gerente general de las isapres Banmédica y Vida Tres, dice en la misiva que “lo que el Congreso aprobó en la ley de reajuste del mes de diciembre de 2023 no va a estabilizar al sistema tras la aplicación del fallo por primas GES. La supuesta solución consiste en adelantar el proceso de reajuste de precio base de los planes de salud, pero considerando el promedio de los costos de la industria como un techo, lo que perjudica a las Isapres más eficientes, las que solo podrán reajustar por debajo del promedio de la industria”.

·       Por eso, cree que “la llamada Ley Corta es el último instrumento disponible para evitar una crisis sistémica y permitir darle viabilidad al sistema de salud en Chile”. Así, añade que “estamos convencidos que, tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso cuentan con las atribuciones para diseñar la fórmula que más les parezca y que permita cumplir con los fallos de la Corte Suprema, sin poner en riesgo la continuidad de los tratamientos y coberturas de las personas, ni provocar un efecto sistémico”.